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En febrero de 2025, la migración en Latinoamérica sigue siendo un desafío complejo, impulsado por factores económicos, políticos y de seguridad. Este informe expone los acontecimientos, del mes, que han impactado el contexto migratorio en la región, con un enfoque en las consecuencias y dinámicas diplomáticas derivadas de las políticas restrictivas de Estados Unidos, implementadas por el gobierno de Donald Trump.
Asimismo, se destacan otros eventos clave en la dinámica migratoria de Ecuador, Perú, Colombia, México, Haití, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Panamá.
En febrero de 2025, Ecuador reforzó medidas de apoyo a migrantes retornados, ofreciendo un bono de US$470 por tres meses, en un contexto electoral donde el presidente Noboa busca su reelección. En el mismo periodo, 1.297 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos. Este flujo de retornados genera presión sobre los programas sociales y económicos del país, que debe equilibrar la atención humanitaria con un discurso político de orden y control migratorio.
Perú recibió 270 deportados desde Estados Unidos y enfrentó nuevos retos de seguridad vinculados al crimen organizado transnacional. La captura de miembros del Tren de Aragua reveló la persistencia de redes criminales que lucran con la trata de personas y el tráfico de drogas, pese a los esfuerzos oficiales por declarar su desarticulación. Paralelamente, el Congreso impulsa una reforma para expulsar de manera inmediata a extranjeros sorprendidos cometiendo delitos, reflejando una postura cada vez más restrictiva en materia migratoria.
Colombia vivió un mes crítico en la región del Catatumbo, donde la violencia interna desplazó a más de 52.000 personas, incluyendo migrantes venezolanos. La suspensión temporal de la asistencia estadounidense afectó directamente programas clave de atención migratoria, obligando a Migración Colombia a suspender 186 contratos. En el plano diplomático, Colombia reafirmó ante la ONU que no aceptará deportados de otras nacionalidades y abogó por un enfoque basado en derechos humanos, en contraste con las medidas punitivas de Estados Unidos.
La decisión de Trump de revocar el estatus de protección para haitianos expone a miles a deportaciones inmediatas, exacerbando la crisis humanitaria. Al mismo tiempo, República Dominicana endureció su postura, ampliando el muro fronterizo en 12 kilómetros y reforzando operativos de repatriación masiva. Esta doble presión—desde EE.UU. y su vecino insular—acentúa la vulnerabilidad de los haitianos, mientras la misión de seguridad internacional sigue sin lograr estabilidad efectiva.
Panamá y Costa Rica se consolidaron como corredores de retorno, gestionando deportaciones desde EE.UU., pero ambos gobiernos advirtieron sobre dificultades logísticas y legales para manejar este flujo creciente. En Guatemala, el acuerdo con EE.UU. para recibir un 40% más de deportados genera tensiones internas, mientras El Salvador se ofreció a recibir incluso criminales convictos. Estos acuerdos bilaterales reflejan la creciente subordinación de las políticas migratorias centroamericanas a la agenda de control migratorio de Washington.