Protección y derechos de migrantes: análisis de marcos normativos en Colombia, Ecuador y Perú

Colombia, Perú, Ecuador
12.02.2025
El informe examina los marcos normativos y las políticas públicas en Colombia, Ecuador y Perú para la protección de los derechos de las personas en movilidad humana. Una radiografía clave sobre los desafíos y avances en la región.

El informe analiza los marcos normativos y políticas públicas en Colombia, Ecuador y Perú relacionados con la protección de los derechos de personas en situación de movilidad humana. 

Elaborado en el marco del Programa Regional de Protección y Migración (PRPM) con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el documento revisa 92 instrumentos legales y de política pública en los tres países para evaluar su alineación con estándares internacionales de derechos humanos y su efectividad en la protección de migrantes y refugiados, en clave de 4 categorías:

  • Movilidad humana.
  • Trata y tráfico de personas.
  • Protección de niñez y adolescencia.
  • Género, violencia basada en género (VBG) y diversidad sexual (LGBTIQ+).

Hallazgos principales

  • Colombia ha desarrollado un marco robusto, pero fragmentado, con un enfoque en regularización y protección de migrantes venezolanos. Sin embargo, presenta barreras administrativas y vacíos en la inclusión de otros grupos migrantes.
  • Ecuador cuenta con un marco normativo integral y progresista, destacándose su Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017), aunque persisten desafíos en la implementación y protección de poblaciones LGBTIQ+.
  • Perú tiene avances en regularización, pero enfrenta debilidades en la coordinación interinstitucional y en la protección específica de grupos vulnerables, como mujeres migrantes y niños no acompañados.

Recomendaciones clave

  • Armonizar los marcos normativos para evitar duplicidades y lagunas en la protección de migrantes.
  • Fortalecer la perspectiva de género y diversidad en las políticas migratorias.
  • Mejorar la coordinación entre gobiernos y sociedad civil para garantizar una implementación efectiva de los marcos normativos.